La expansión de la inteligencia artificial está transformando múltiples actividades, pero también abre nuevos desafíos para el ámbito legal. La facilidad con la que hoy pueden crearse voces clonadas, videos manipulados o imágenes alteradas ha encendido el debate sobre cómo responder ante posibles delitos cometidos mediante estas tecnologías.
En el Perú, el crecimiento de la ciberdelincuencia refleja la magnitud del reto. Las denuncias vinculadas a delitos informáticos pasaron de 19,101 en 2021 a 44,703 en 2025, registrando un aumento de 134% en apenas cinco años. A ello se suma una población altamente conectada, donde casi ocho de cada diez personas acceden diariamente a internet y más de 24.5 millones de identidades permanecen activas en plataformas sociales.
Para Dino Carlos Caro, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica del Perú, el desafío actual consiste en adecuar el marco jurídico a una realidad tecnológica que evoluciona a gran velocidad.
“El debate central hoy es determinar quién responde por el diseño, la supervisión y el uso de la inteligencia artificial. La tecnología avanza más rápido que las definiciones jurídicas, y eso exige que el sistema legal se adapte con criterio profesional a los nuevos escenarios digitales”, sostuvo el especialista en derecho penal y compliance.
La aparición de nuevas modalidades de fraude constituye una de las principales preocupaciones. Entre ellas figuran los audios generados artificialmente para suplantar identidades, imágenes modificadas para engañar o perjudicar a terceros y documentos creados mediante algoritmos capaces de simular información auténtica.
Las cifras globales reflejan la dimensión del fenómeno. Durante el último año, los contenidos falsos elaborados con inteligencia artificial aumentaron más de 245%, mientras que las vulnerabilidades asociadas a esta tecnología alcanzaron 2,130 registros en 2025. Las proyecciones indican que podrían superar los 3,600 casos en 2026.
Pese a los avances tecnológicos, los expertos sostienen que la inteligencia artificial no puede sustituir el análisis humano en la aplicación de la justicia.
“La IA puede optimizar búsquedas, revisión documental y análisis de información, pero no puede reemplazar la interpretación normativa ni la determinación de responsabilidades”, señaló Caro.
Desde su perspectiva, resulta prioritario establecer lineamientos claros para el manejo de pruebas digitales, regular aspectos como los allanamientos virtuales y definir criterios específicos para el uso de herramientas de inteligencia artificial dentro de los procesos judiciales. También consideró fundamental impulsar órganos especializados para enfrentar los delitos informáticos.
El especialista remarcó que la construcción de un entorno digital más seguro demanda la participación conjunta de distintos sectores. El Estado debe garantizar la actualización permanente de las normas, las compañías tecnológicas deben reforzar la transparencia en el uso de datos y las instituciones académicas tienen el reto de preparar a los futuros profesionales del derecho para responder a los desafíos que plantea la revolución tecnológica.