La inteligencia artificial se perfila como uno de los principales aceleradores de eficiencia en la gestión pública. En teoría, su implementación permitiría optimizar procesos, reducir tiempos de atención y mejorar la interoperabilidad entre instituciones del Estado.
En la práctica, sin embargo, el sector público peruano aún enfrenta limitaciones estructurales que condicionan cualquier avance significativo. La persistencia de procesos manuales, la fragmentación de sistemas y la falta de integración de datos impiden aprovechar plenamente el potencial de estas tecnologías.
Expertos en transformación digital estiman que, bajo condiciones óptimas, la combinación de digitalización e inteligencia artificial podría generar mejoras de eficiencia de entre 50% y 70% en determinados procedimientos administrativos.
Uno de los ejemplos más representativos es la creación de empresas. Este proceso, que hoy puede tardar aproximadamente diez días debido a la intervención de múltiples entidades, podría reducirse a unas pocas horas si existiera interoperabilidad real entre sistemas y automatización de validaciones mediante inteligencia artificial.
Sin embargo, la clave no está únicamente en la adopción tecnológica. La inteligencia artificial requiere una infraestructura previa de datos estructurados, accesibles y consistentes. Sin esa base, su implementación no logra escalar ni generar impactos sostenibles en la gestión pública.
A nivel regional, países como México y Brasil lideran la incorporación de inteligencia artificial en el sector estatal, mientras que Argentina, Colombia y Chile avanzan en distintas etapas de madurez digital. Perú aún se encuentra en proceso de consolidación de su ecosistema de transformación digital y no cuenta con una normativa específica que regule la gobernanza de la inteligencia artificial.
Según José Luis Bugarín, Solution Architect de Red Hat, el verdadero desafío es metodológico. Implementar inteligencia artificial en el sector público implica definir con precisión los problemas a resolver, asegurar la calidad de los datos, establecer métricas de desempeño y lograr una integración efectiva con los sistemas operativos del Estado.
La conclusión es clara: la inteligencia artificial no sustituye la modernización del Estado, la exige. Su impacto dependerá menos de su disponibilidad tecnológica y más de la capacidad institucional para implementarla de forma coordinada, estructurada y sostenida en el tiempo.