El Perú enfrenta un incremento preocupante en delitos informáticos. Entre 2021 y 2025, los casos denunciados pasaron de 19 mil a 45 mil, y solo en los primeros tres meses de 2026 se contabilizaron 9 mil denuncias, según cifras oficiales de la Policía Nacional.
Para contrarrestar esta tendencia, la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) ha creado el Consejo Consultivo de Ciberseguridad (CCC), integrando a actores del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional, asociaciones privadas y expertos académicos. La meta es fortalecer la estrategia nacional contra el crimen digital y fomentar prácticas de prevención.
El CCC funcionará como un think tank, encargado de elaborar propuestas, difundir buenas prácticas y consolidar la capacidad de reacción frente a amenazas tecnológicas.
Raúl Diez Canseco Terry, fundador de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola, destacó el papel de la inteligencia artificial: “Según el Foro Económico Mundial, el 94 % de los líderes ejecutivos considera que la IA transformará radicalmente la ciberseguridad en los próximos meses”.
Si bien el 77 % de las organizaciones ya aplica inteligencia artificial en seguridad digital, existe una brecha en la preparación de ejecutivos: más de la mitad de los CEO de grandes compañías carece de capacitación formal en ciberseguridad, advirtió Diez Canseco.
En este marco, el Consejo promoverá programas de formación y certificación para reforzar las competencias tanto en el sector público como en el privado.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, resaltó los avances tecnológicos de su institución, incluyendo expedientes judiciales digitales y la adopción de firma digital por todos los magistrados. Actualmente, el Poder Judicial opera con 610 locales interconectados, más de 34 mil funcionarios y alrededor de 100 mil dispositivos digitales, un ecosistema que requiere protección constante.
El CCC acordó elaborar un cronograma de trabajo que incluye la formulación de iniciativas legales para cerrar vacíos normativos relacionados con delitos informáticos y otras infracciones digitales.