La digitalización del aparato público peruano vive una paradoja: mientras el país escala posiciones en índices internacionales de preparación digital, su infraestructura enfrenta una presión sin precedentes por el aumento de ciberataques.
Más de 748 millones de intentos de intrusión fueron detectados en el primer semestre de 2025, según FortiGuard Labs. El dato confirma que el Perú se ha convertido en un objetivo atractivo para redes criminales que buscan explotar vulnerabilidades en servicios públicos, plataformas tributarias y sistemas judiciales.
El ICEX advierte que el 41,7% de los incidentes de malware se concentra en instituciones estatales, generando pérdidas cercanas a US$30 millones anuales en mitigación y recuperación. Pero el impacto va más allá del presupuesto: compromete la continuidad operativa y la protección de datos ciudadanos.
Desde Gtd Perú, Omar Ortega sostiene que el desafío ya no es únicamente tecnológico, sino estratégico. La escasez de especialistas y la coexistencia de sistemas heredados con plataformas modernas crean puntos críticos de vulnerabilidad.
Modernización desigual
El país ha avanzado en gobernanza digital. La Presidencia del Consejo de ministros reporta cobertura total de Oficiales de Seguridad Digital en entidades públicas, reflejo de mayor institucionalización del riesgo tecnológico.
No obstante, el nivel de adopción varía. La SUNAT, el Banco de la Nación y el Poder Judicial destacan por integrar Inteligencia Artificial en análisis predictivo y automatización documental. En otras regiones, la conectividad limitada y la falta de presupuesto ralentizan la modernización.
El déficit del 74% de especialistas certificados en ciberseguridad, según Fortinet, profundiza la brecha. Esta escasez dificulta el desarrollo de capacidades internas y fortalece la dependencia de proveedores externos.
Competencia regional y modelo de gestión
El Perú ocupa el quinto lugar latinoamericano en el Índice Global de Ciberseguridad y escaló al puesto 59 en preparación gubernamental para IA. Sin embargo, países como Brasil y Chile avanzan con marcos regulatorios y estructuras institucionales más robustas.
La estrategia peruana, centralizada bajo la PCM, facilita coordinación, pero enfrenta el reto de asegurar implementación homogénea en todo el territorio. Cerca del 70% de las entidades públicas reporta problemas para integrar sistemas antiguos con soluciones en la nube, limitando la capacidad de respuesta inmediata.
El nuevo frente: IA defensiva
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2026–2028 apuesta por la Inteligencia Artificial como herramienta de detección predictiva, con capacidad de reducir tiempos de reacción de días a milisegundos. En paralelo, el mercado cloud peruano proyecta superar los US$1.149 millones en 2026.
El desafío estructural es claro: si la inversión en infraestructura regional y formación de talento no acompaña el ritmo de digitalización, el país podría ampliar su exposición al riesgo.
La transformación digital peruana no depende solo de innovación, sino de resiliencia. El siguiente paso será consolidar un Estado capaz de proteger sus activos críticos con la misma velocidad con la que los moderniza.