El 1 de agosto entró en vigor la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, que establece normas estrictas sobre el uso de IA para el reconocimiento facial, crea salvaguardas para los sistemas de IA de propósito general y protege los derechos de los consumidores a presentar quejas y solicitar explicaciones significativas sobre decisiones tomadas con sistemas de IA de alto riesgo que afectan los derechos de los ciudadanos.
La legislación sobre IA describe medidas a nivel de la UE diseñadas para garantizar que la IA se utilice de forma segura y ética, e incluye nuevos requisitos de transparencia para los desarrolladores de modelos básicos de IA como ChatGPT.
El Parlamento Europeo aprobó el 13 de marzo de 2024 la Ley de Inteligencia Artificial, con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. La votación se produjo después de que los Estados miembros acordaran la normativa en las negociaciones celebradas en diciembre de 2023.
La Ley de IA se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de julio de 2024 y entró oficialmente en vigor el pasado 1 de agosto. Sin embargo, varias disposiciones se aplicarán en fases:
Las prohibiciones de prácticas prohibidas, incluido el uso de sistemas de IA que presenten un riesgo inaceptable, se aplicarán seis meses después de la fecha de entrada en vigor.
Las reglas de IA de propósito general, incluidos los requisitos de gobernanza y transparencia, entrarán en vigor 12 meses después de su entrada en vigor (aproximadamente en agosto de 2025).
Las obligaciones para los sistemas de IA designados como de alto riesgo por la Comisión deben estar vigentes a partir de los 24 meses de su entrada en vigor (aproximadamente en agosto de 2026).
Las obligaciones para los sistemas de alto riesgo sujetos a la legislación vigente de la UE en materia de salud y seguridad entrarán en vigor 36 meses después de su entrada en vigor (aproximadamente en agosto de 2027).
La Ley de IA es un conjunto de leyes a nivel de la UE que busca establecer salvaguardas para el uso de la IA en Europa, al tiempo que garantiza que las empresas europeas puedan beneficiarse de esta tecnología en rápida evolución. La legislación establece un enfoque de regulación basado en el riesgo que categoriza los sistemas de IA en función de su nivel percibido de riesgo e impacto sobre los ciudadanos.
Los siguientes casos de uso están prohibidos según la Ley de IA:
Sistemas de categorización biométrica que utilizan características sensibles (por ejemplo, creencias políticas, religiosas, filosóficas, orientación sexual, raza).
Eliminación no selectiva de imágenes faciales de Internet o de grabaciones de CCTV para crear bases de datos de reconocimiento facial.
Reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en las instituciones educativas.
Puntuación social basada en el comportamiento social o características personales.
Sistemas de IA que manipulan el comportamiento humano para eludir su libre albedrío.
IA utilizada para explotar las vulnerabilidades de las personas debido a su edad, discapacidad, situación social o económica.
Las empresas que no cumplan con la legislación se enfrentan a multas que van desde 35 millones de euros (38 millones de dólares estadounidenses) o el 7% de la facturación global hasta 7,5 millones de euros (8,1 millones de dólares estadounidenses) o el 1,5% de la facturación, dependiendo de la infracción y el tamaño de la empresa.
Los desarrolladores de sistemas de IA considerados de alto riesgo tendrán que cumplir ciertas obligaciones establecidas por los legisladores europeos, incluida la evaluación obligatoria de cómo sus sistemas de IA podrían afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto se aplica a los sectores de seguros y bancarios, así como a cualquier sistema de IA que pueda causar “daños potenciales significativos a la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, el medio ambiente, la democracia y el Estado de derecho”.
La UE espera que su normativa sobre IA siente un precedente que otros países puedan seguir. En un artículo publicado en X, el comisario europeo Thierry Breton calificó la Ley de IA como “una plataforma de lanzamiento para que las empresas emergentes y los investigadores de la UE lideren la carrera mundial de la IA”, mientras que Dragos Tudorache, eurodiputado y miembro del Grupo Renew Europe, dijo que la legislación fortalecería la capacidad de Europa para “innovar y liderar en el campo de la IA”, al tiempo que protege a los ciudadanos.
